11A
abril 13, 2009

En estos días asistimos a uno de los episodios más trágicos del triunfo de la neolengua. Se trata de la condena con penas por 30 años a los comisarios que participaron durante los episodios del 11 de abril de 2002.

La condena es, en sí misma, un inmenso solipsismo moral, legal y jurídico.

En el caso de los comisarios, todos han sido condenados, no por la muerte directa de los manifestantes, sino por artilugios de supuesta complicidad, lo cual convierte el juicio en la primera condena de pena máxima a unas personas a las que, ni siquiera, se les pudo demostrar la autoría material de los hechos. Todo un detallazo jurídico, en realidad.

Uno los policías fue liberado. Otro, quien llevaba 6 años presos, fue condenado a tres años, de modo que cumplió doblemente la pena que supuestamente le correspondía ser imputada.

Lo que es peor: lo aparotoso y vil del proceso neolegal de todo el juicio deja una dolorosa interrogante sobre la culpabilidad verdadera que se intenta enrostrar. Dicho de otra forma: la sentencia, que dentro de un estado de derecho, sería el reconocimiento pleno de una posibilidad que no se podría descartar: el hecho de que estos policias, en efecto, tuviesen alguna responsabilidad demostrable ante la justicia, queda atrapada en una desconcertante interrogante pues, dadas las condiciones de ensañamiento y parcialidad, no queda más que mantener la duda de si, en realidad, no se estará ejecutando otro acto más de injusticia.

Al ver esta sentencia, o lo que es igual, esta cosa extraña, uno queda con la dolorosa sensación de que no sólo condena a los comisarios, sino que más allá de eso, también se condena a una verdadera posibilidad de hacer justicia, una auténtica defensa de los derechos humanos.

Es duro, pero uno no puede dejar de pensar cómo, en contraposición a este gesto de conveniente re-escritura de la historia por parte del gobierno nacional, los llamados pistoleros de puente Llaguno, a quienes el mundo entero vió disparando desde el puente de la avenida Urdaneta que abre un ángulo hacia la avanida Baralt,no se les aplicó ninguna pena porque, a juicio del tribunal neolengual, respondieron en defensa propia por los ataques de la policia.

Esa comparación no deja espacio para el desconcierto.

Aunque es absurdo, aunque es trágico, parece ser que existe la obligación de recordar que no sólo es obvio que participaron de un delito moralmente manifiesto, como es el echar plomo sin contemplación, pudiendo (como en efecto, no se sabe si ocurrió) terminar por herir o asesinar a alguien, sino que además hay indicios de que tales pistoleros operaban bajo la coordinación de líderes políticos del chavismo, pero eso no importó. No fue investigado. Al contrario, tales sujetos fueron elevados a la categoría de héroes de la revolución.

Un dato doloroso y significativo es que el abodago defensor de los pistoleros de Puente Llaguno, luego, fue nombrado juez de la república. Trágica, casi absurdamente, es ese mismo abogado-juez quien, un tiempo después, autorizó la detención de uno de los comisarios de la PM.

Fue ese mismo sujeto, por cierto, quien logró la insólita medida de censurar una película venezolana en la que aparecían, precisamente, los pistoleros de Puente Llaguno haciendo lo que, en efecto, hicieron: disparar. Estos, en su momento, fueron sus argumentos.

Poco importa que, en la práctica, sea un hecho que civiles inocentes, de la oposición y el gobierno, murieron ese día. Poco importa que todos viésemos las imágenes de un Guardia Nacional disparando de forma flagrante con una pistola 9 milímetros y que su imagen fuese grabada de forma clara, si ningún obstáculo para su plena identificación.

Poco importa que fuésemos tantas las personas que llegamos a la avenida Baralt el día de la marcha y que, de forma obvia, entendiésemos en medio de la confusión y el horror, que efectivamente sujetos armados disparaban a la marcha opositora desde el norte, es decir, desde el lugar en el que estaban apostados los partidarios del gobierno. Eso, en realidad, no importa.

Tampoco importa que la incivil jueza que decidió la pena máxima, la Sra. Marjorie Calderón, sea esposa de un dirigente regional del PSUV, organización que agrupa a los partidarios del gobierno.

Importa la verdad oficial. Importa la legitimación neolengual del boligobierno.

Es por eso que no resulta una sorpresa cuando, esta tarde, nos encontramos con estas declaraciones del teniente coronal Hugo Chávez, quien para el día de hoy, celebra su regreso al poder, dos días después del golpe de estado que recibió:

Bendito seas 13 de abril, y por eso creo que nos quedamos cortos cuando expresamos distintas ideas sobre esta jornada. El 13 de abril es la síntesis de 200 años de batalla. No hay nada parecido en el mundo, fue un hecho inédito”,

Como ya es costumbre, es poco o nada lo que el teniente coronel Chávez tiene que decir sobre lo que ocurrió dos días antes. El mensaje es claro: el problema no es tanto quién murió y quién fue el responsable. El problema es que todo lo que ocurrió en torno a él esos días trágicos para la vida republicana.

Entre tanto, los operadores políticos del gobierno están, en realidad, suficientemente comprometidos con el ejercicio neolengual de construcción de una nueva realidad.

Un ejemplo que, en sí mismo, resulta sorprendente son las declaraciones del diputado Carlos Escarrá ante la propuesta de COFAVIC y PROVEA de constituir una comisión de la verdad que investigase de forma imparcial los hechos de abril de 2002. La nota de prensa dice lo siguiente:

El diputado del PSUV, Carlos Escarrá, no considera conveniente la creación de una comisión de la verdad, porque estima que la Fiscalía y el Poder Judicial pueden seguir investigando los sucesos.

"Creo en las instituciones del Estado, vivimos en un estado de derecho y los poderes públicos tienen la obligación de investigar", dijo este sábado a Unión Radio.

Escarrá señaló que "hay que confiar en las instituciones. No podemos decir que vamos a nombrar una comisión de la verdad con agentes internacionales", y comento que si así fuera entonces pareciera que los órganos nacionales fueran incompetentes.

De más está decir que, en efecto, lo que el diputado Escarrá intenta ignorar con sus declaraciones es que, precisamente, la propuesta de COFAVIC y PROVEA (dos de las más reconocidas organizaciones de derechos humanos del país) responde al hecho de que una proporción importante de venezolanos no compartimos su optimismo sobre la competencia e imparcialidad de los órganos nacionales.

Otro ejemplo significativo del trabajo que ahora realizan los operadores políticos del gobierno es el de la emisora de radio YVKE Mundial, (afiliada al boligobierno nacional, como tantas otros medios de radio, prensa y televisión), aportaba lo que, dentro de su lógica progobierno, son algunas de las pruebas contudentes que permiten inculpar a los agentes de la Policia Metropolitana. aquí está el link completo. Una de las perlas que utilizan, es por ejemplo, este fragmento de grabación:

Ya tomamos el edificio La Nacional, me dijeron que el piso 4.

(...) venta pa'ca. El efectivo que penetró que esté pendiente, yo estoy apuntándole a la azotea.

Tenemos 24 heridos y dos KP29, veinticuatro KP28 y dos KP19, de acuerdo a la secuencia que tenemos acá en en Control nuestro.

Control, eso fue lo que yo dije, yo me encuentro en la parte alta del edificio La Nacional, puro efectivo. Son puro efectivo. 2-41.

Entendido. Vamos a evitar confusiones, vamos a evitar confusiones allí.


Esta grabación, que deja entender una evidente operación policial donde hay disparos de lado y lado, donde hay reporte de heridos y muertos, donde unos agentes de la policia hacen, precisamente, lo que se espera que haga un policia es, para la lógica neolengual, expresión de una acción desestabilizadora.

En el fondo, todo termina por corresponder a una lógica escalofirante: si dispararle a la policia es un acto de defensa propia, como se demostró en el juicio de los pistoleros liberadors. Es obvio que, cuando la policia te dispara, entonces ocurre un acto delictivo.

P. E. Rodríguez/R.Coll @ 11:32 a. m., ,